El Congreso de Chiapas está a un paso de criminalizar la cohabitación forzada de niñas, niños y adolescentes, una práctica arraigada en algunas comunidades que obliga a menores a vivir en uniones informales, a menudo justificadas bajo el argumento de “usos y costumbres”.
La reforma, impulsada ante los alarmantes índices de embarazos adolescentes y uniones tempranas forzadas en comunidades indígenas, recibió dictamen en comisiones y será sometida al pleno de la Sexagésima Novena Legislatura para su votación final.
La diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva, informó que la iniciativa –presentada por la diputada Rosa Linda López Sánchez, de la Comisión de Igualdad de Género– busca tipificar como delito el obligar, coaccionar, inducir o incluso ofrecer a un menor de 18 años (o a una persona sin capacidad para comprender el hecho) a cohabitar de manera informal con otra persona.
“El objetivo es claro: erradicar estas prácticas que arrebatan la infancia, incrementan la violencia doméstica y truncaban el desarrollo de nuestras niñas y adolescentes”, subrayó la legisladora.
El impulso definitivo para esta reforma surgió, en parte, tras el caso de una niña de 13 años con un embarazo de alto riesgo, que evidenció la urgente necesidad de una herramienta legal específica.
Pena de prisión: de 8 a 15 años; multa económica: de mil a 2 mil 500 días de salario mínimo.
Agravante: las penas se incrementarán cuando la víctima pertenezca a comunidades indígenas o afromexicanas, reconociendo su mayor vulnerabilidad en este contexto.
