Jorge Luis Gómez Villar, abogado y defensor de la comunidad lacandona desde hace 25 años, denunció la detención arbitraria de 20 indígenas de esta etnia el pasado 16 de febrero en las comunidades de San Javier, Betel y Lacanjá, en la Selva de Chiapas, así como la falta de respuesta de las autoridades estatales y federales ante las violaciones a sus derechos humanos.
Gómez Villar relató que las detenciones se realizaron mediante operativos policiales con unidades sin identificación y otras pertenecientes a la Fiscalía General del Estado y de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP).
Señaló que los agentes irrumpieron en domicilios sin presentar órdenes de cateo válidas y detuvieron incluso a cinco policías turísticos comunitarios, quienes se encargan de vigilar el orden en la zona de Bonampak.
Falsos señalamientos
“Los acusan de delitos graves como atentados contra la paz, integridad corporal, asociación delictuosa y portación de armas, pero no hay pruebas. Son personas inocentes, dedicadas al turismo, la agricultura y las artesanías”, afirmó el defensor.
El abogado interpuso recursos legales y escritos ante la presidencia de la República, el Gobierno del Estado, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Sin embargo, las autoridades no han respondido, pese a que las peticiones cuentan con folios de seguimiento.
“El 3 de julio, los propios lacandones enviaron un oficio al gobernador, y mi compañero presentó otro el mismo día. No hay respuesta. Tampoco la Secretaría General de Gobierno o la Fiscalía han actuado”, denunció.
Gómez Villar señaló que en una reunión con el secretario particular del fiscal Jorge Luis Llaven Abarca, se le exigió humanismo en el caso, pero la respuesta fue evasiva. “Dijeron que no podían hacer nada y que siguieran el curso legal”.
El defensor vinculó las detenciones con rumores sobre investigaciones previas contra “grupos armados” en la Selva Lacandona, pero insistió en que no hay sustento para vincular a los detenidos.
“Los videos muestran que las detenciones fueron violentas y sin justificación”, agregó.
Finalmente, dijo que 18 de los detenidos están en el Centro de Reinserción Social El Bambú (Playas de Catazajá), y dos fueron trasladados al penal de Almoloya de Juárez, Estado de México.
