Al cumplirse 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la pregunta sobre su paradero sigue vigente. Durante este año se han registrado movimientos en la investigación, detenciones, decisiones judiciales y la reformulación de algunas líneas de investigación.
El último año se ha establecido un diálogo franco de la presidenta Claudia Sheinbaum con los padres y madres de los estudiantes desparecidos, quienes han concentrado sus exigencias en seis temas: la entrega de documentación de la Sedena; la investigación sobre los jóvenes que habrían sido trasladados de la comandancia de Iguala a Loma de Coyotes; el análisis de los teléfonos de los estudiantes que registraron actividad después de su desaparición; el regreso del GIEI; la extradición de Tomás Zerón y José Ulises Bernabé, y la investigación a autoridades del gobierno de Guerrero.
Este año trajo cambios institucionales. Ernestina Godoy asumió el cargo de Fiscal General y el compromiso de continuar con las investigaciones.
El 28 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía estaba realizando el análisis de las comunicaciones registradas la noche del 26 al 27 de septiembre, lo que condujo, en marzo de 2026 a la detención de Mauro Antonio Mosso Benítez, exdirector de Tránsito de Iguala y policía estatal en 2014, quien habría utilizado el teléfono de uno de los normalistas.
En octubre de 2025, la FGR aseguró las instalaciones del Servicio Médico Forense de Iguala y las funerarias El Ángel y Rueda, dentro de una indagatoria sobre el posible uso de hornos crematorios.
El 27 de marzo, se dio a conocer el hallazgo en esas instalaciones de una bolsa con restos humanos con una etiqueta de 2014, lo que despertó dudas en los familiares de los estudiantes sobre el hallazgo.
Otro aspecto relevante es la investigación sobre los videos del Palacio de Justicia de Iguala y su posible ocultamiento o destrucción. La investigación condujo a la detención de la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana, a lo que se sumó un nuevo testimonio sobre la destrucción de esas grabaciones que involucran al exgobernador Ángel Aguirre Rivero.
En materia judicial, el 19 de febrero de 2026, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa resolvió el amparo 1350/2023 y ordenó entregar la totalidad de la información generada en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) y otras instancias militares. Esta resolución convierte una demanda sostenida durante años por las familias.
En julio la CNDH emitió una controvertida recomendación, que, como dije en su momento, representa un nuevo tropiezo, un viraje regresivo que pretendió descalificar los avances alcanzados, revictimiza a las familias y exonera al ejército y otras autoridades.
Es necesario mantener altos estándares en la investigación y la comunicación permanente con los padres y madres de los estudiantes.
Ninguna hipótesis debe agotarse antes de superar el escrutinio científico, ministerial y judicial. El reto sigue siendo conocer el paradero de los 43 estudiantes. Mientras tanto Ayotzinapa seguirá siendo una deuda pendiente con la verdad y la justicia.
